En un giro significativo de la política estadounidense hacia Venezuela, el gobierno del expresidente Donald Trump anunció el 7 de agosto un aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro, elevándola de 25 a 50 millones de dólares. Este incremento refleja la creciente presión sobre el régimen chavista, considerado por Washington como uno de los principales actores en el narcotráfico mundial.
La fiscal general Pam Bondi, en un video publicado en la red social X, describió a Maduro como «uno de los narcotraficantes más grandes del mundo» y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Según Bondi, el régimen de Maduro ha colaborado con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, facilitando la introducción de drogas letales en el país.
La Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado hasta la fecha 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están directamente asociadas con el líder chavista. Esta cocaína, según las autoridades, a menudo está mezclada con fentanilo, un opioide sintético que ha causado estragos en Estados Unidos.
Bondi también destacó que el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos relacionados con Maduro, incluyendo aviones privados y vehículos. «Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes», afirmó Bondi, haciendo un llamado a la ciudadanía para que proporcione información que ayude a llevar a Maduro ante la justicia.
La reacción de Venezuela no se hizo esperar. El canciller Yván Gil calificó la recompensa de 50 millones de dólares como «patética» y «ridícula», argumentando que es una maniobra de distracción de las propias miserias de Estados Unidos. «La dignidad de nuestra patria no está en venta», agregó Gil, rechazando lo que él considera una burda operación de propaganda política.
Este episodio resalta la complejidad de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, donde ambos países se acusan mutuamente de violaciones y corrupción. Mientras el gobierno estadounidense reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela, el chavismo continúa operando en un entorno de creciente aislamiento internacional.
La escalada en la recompensa por Maduro es un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico y la corrupción sigue siendo un tema candente en la agenda política estadounidense, así como un punto de tensión en la ya frágil relación con Venezuela.

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