La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propuso crear un «gran acuerdo» con los medios de comunicación para reducir la difusión de contenidos de «nota roja», con el objetivo de moderar la percepción de inseguridad entre la población.
La petición fue formulada públicamente durante una conferencia y fue reportada por agencias y medios nacionales el 4 de febrero de 2026. Brugada sostuvo que una parte importante de la población recibe información sobre seguridad principalmente por la televisión, y que la exposición constante a hechos violentos eleva la sensación de inseguridad pese a lo que muestran las cifras oficiales.
En sus palabras textuales dijo: «Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja».
El llamado busca abrir un diálogo entre autoridades, medios, especialistas y sociedad civil sobre la función social del periodismo y la ética informativa, descartando, según los reportes, cualquier intención de censura o pactos de silencio.
Tras el anuncio, la cobertura mediática registró reacciones variadas: algunos editoriales y analistas plantean la necesidad de debatir la responsabilidad social de los medios, mientras que voces defensoras de la libertad de expresión advierten riesgos si la conversación deriva en presiones sobre los contenidos periodísticos.
El contexto citado por los reportes incluye datos de percepción de inseguridad elaborados por instituciones oficiales, que las autoridades han usado para justificar la iniciativa y para señalar una aparente divergencia entre la evolución de delitos y la percepción pública.
Testimonios recogidos en los reportes incluyen la réplica literal de la jefa de Gobierno durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia: «Si tenemos canales que se dedican a estar hablando del tema de inseguridad, ¿qué es lo que le estamos generando a la población?».
La propuesta plantea, según los informes, iniciar mesas de diálogo y debates públicos sobre cómo equilibrar la información sobre seguridad con otros contenidos que reflejen avances y aspectos positivos de la capital; las fuentes consultadas señalan que la discusión continuará en foros públicos y con actores mediáticos.
Lo que sigue, según los reportes, es la convocatoria a ese diálogo entre autoridades y medios para explorar acuerdos de colaboración y criterios éticos, mientras persiste el debate público sobre dónde trazar la línea entre responsabilidad informativa y libertad de prensa.


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